El 14 de diciembre de 1990, ETA asesinó en Amorebieta (Vizcaya) al policía Luis Alfredo Achurra, en cuyo vehículo los terroristas habían colocado una bomba-lapa. Ya en 1991, el 2 de enero dos encapuchados descerrajaron 16 disparos al coronel Luis García Lozano en San Sebastián. Tenía 57 años, estaba casado y era padre de cinco hijos. Entre ambos atentados apenas discurrieron 19 días, pero también les separa una línea imaginaria que, de prosperar la novedosa interpretación jurídica de la denominada «doctrina Miguel Ángel Blanco» –que Dignidad y Justicia (DyJ) ha planteado a la Audiencia Nacional–, convertiría en imprescriptibles 430 asesinatos terroristas cometidos a partir del 24 de diciembre de 1990, 198 de ellos de ETA (55 de los cuales impunes).
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