Es lo que tiene ponerse en manos de usureros políticos.
Pedro Sánchez debe ser consciente a estas alturas de la película que partidos como EH Bildu no le iban a regalar sus escaños para ser presidente del Gobierno a cambio de nada.
Amén de asuntos como la reforma laboral, a la formación proetarra le interesa especialmente que el líder del PSOE haga frente a una factura desorbitada.
Y esa no es otra que la de poner en la calle en pocos meses a medio centenar de terroristas de ETA, algo en lo que también está interesado el PNV.
La jugada, tal y como detalla este 28 de enero de 2022 el diario ABC, es la siguiente:
Se trata de una reforma legal que permitiría a los terroristas acogerse a una normativa europea de 2008 que les daría la posibilidad de descontar a un condenado en un país de la Unión Europea las penas ya cumplidas en otro país que pertenezca a la misma.
Para ello, habría que modificar la ley Orgánica 7 /2014 que impide ahora mismo poder optar a esa rebaja penal.
Evidentemente, los reclusos de ETA serían los más beneficiados con esta medida, ya que han pasado varios años en presidios de Francia antes de ser condenados por otros delitos en España.
Precisamente, para evitar que esa normativa europea fuera un coladero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en el año 2014, aprobó que las condenas de otros países no tuvieran efecto, ni tampoco que pudieran provocar la revocación o revisión de sentencias españolas cuando estas últimas sean anteriores o por delitos cometidos en nuestro país antes de que el criminal en cuestión fuera condenado en otro país de la Unión Europea.
Y es más, el Gobierno del PP también quiso dejar claro que esa normativa europea no se puede aplicar a condenas de otros países anteriores al 15 de agosto de 2010, que era el límite para trasponer esa normativa de la UE a la legislación española.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha hecho sus cuentas y calcula que con la reforma legal que pretende llevar a efecto el Gobierno PSOE-Podemos serán 50 los miembros de ETA encarcelados que salgan en los próximos meses y en un plazo no superior al año 2025.
La relación de ‘angelitos’ es explosiva: Juan Ramón Carasatorre, condenado hasta 2034 por varios asesinatos, entre otros el de Gregorio Ordóñez, quedaría en libertad en 2023 al descontarse los once que pasó en Francia.
Lo mismo sucedería con dos de los etarras más sanguinarios, Txapote y Kantauri, condenados por crímenes como el de Miguel Ángel Blanco. Terminan sus condenas en 2031 y 2032, respectivamente. Con esta medida, ambos lo harían en apenas tres años, en 2025.
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