La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que acuerde el procesamiento de los exintegrantes del «comando Buru Hauste» de ETA Ana Belén Egüés «Dolores», Gorka Palacios, Iván Apaolaza y Juan Luis Rubenach por el atentado con coche-bomba que el 30 de octubre de 2000 costó la vida al magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol, a su chófer y escolta –Armando Medina y el policía Jesús Escudero, respectivamente– y al conductor de la EMT Jesús Sánchez, causando más de una treintena de heridos.
En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la asociación que preside Maite Araluce considera que los miembros del «comando Buru Hauste» (una de las denominaciones del «comando Madrid») ejecutaron el atentado –que aún permanece impune– «de común acuerdo», participando todos ellos en las acciones necesarias para llevarlo a cabo: vigilancias, preparación del explosivo y colocación del mismo.
En esa petición de procesamiento, la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara pone sobre la mesa dos informes policiales remitidos al instructor el pasado febrero, ambos de la Comisaría General de Información. El primero hace referencia al análisis de un plano de Madrid intervenido en un domicilio de Merignan (Francia) el 30 de diciembre de 2009 durante un desahucio en el que figuran anotaciones sobre la «planificación» o «ejecución» de cuatro atentados cometidos por el «comando Buru Hauste» de octubre de 2000 a noviembre de 2001, entre ellos el asesinato del juez Querol.
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| ETA asesinó en el atentado con coche-bomba al juez Querol, a su chófer y escolta y a un conductor de autobús el 30 de octubre de 2000 |
La “kantada” de Ana Belén Egüés
El segundo informe, de 1 de julio de 2020, se centra en los dispositivos informáticos intervenidos en 2002 a Ibon Fernández Iradi, «Súsper», entre los que figura la «autocrítica» o «kantada» elaborada en su día por Ana Belén Egüés tras ser detenida por la Policía y que hizo llegar a la dirección de ETA. Un documento en el que, señala la AVT, «se recogen los atentados reconocidos por la detenida ante la Policía», incluido el cometido en la avenida de Badajoz (Madrid) en el que murieron Querol, su chófer y escolta y el conductor de autobús.
Además de esas últimas diligencias de investigación, la asociación de víctimas esgrime las declaraciones policiales de Egüés, que pese a no ser ratificadas ante el juez y no tener valor probatorio –precisa invocando la jurisprudencia del Tribunal Supremo– «tampoco es sostenible que sea material absolutamente desechable e inservible» si, como es el caso, se pueden corroborar por otros medios de prueba.
Y es que en esas declaraciones ante la Policía, Egüés reconoció su pertenencia al «comando Buru Hauste» y su participación en el atentado junto con Gorka Palacios y Juan Luis Rubenach. Según su testimonio, ellos tres se encargaron de recoger el material explosivo y de confeccionar en un piso franco de Salamanca el mortífero artefacto (una olla con 40 kilos de dinamita que situaron en un Renault 19 robado). Además, contó a los agentes que fueron Rubenach, Palacios y Apaolaza quienes se encargaron de recopilar la información para cometer su acción criminal.
Anotación con la matrícula
Además, la AVT pide a Pedraz –que ya investiga a once exjefes de ETA por su supuesta responsabilidad en este atentado tras la querella presentada por Dignidad y Justicia–que tenga en cuenta las anotaciones atribuidas a Egüés en la que figuran la matrícula y el modelo de vehículo «utilizado para doblar la matrícula» del coche-bomba utilizado en el atentado.
La abogada de la AVT señala que Egüés era la única integrante del «comando» que permanece en el mismo durante todo el periodo de actividad terrorista. Y hace hincapié en que el hecho de que esa nota se incautara en el domicilio utilizado por los etarras Lexuri Gallastegi y Manex Zubiaga (que se integraron en el «comando Buru Hauste» con posterioridad al asesinato de Querol) «refuerza la teoría» de que Egüés la elaboró para informar a ambos terroristas de qué matrículas «han sido utilizadas y cuáles no».
La acusación considera, por tanto, que existen «indicios racionales de criminalidad» que justifican el procesamiento de los cuatro etarras, y defiende que debe ser en el juicio «donde se discuta su validez» a expensas de la interpretación procesal que haga el tribunal. - Fuente La Razón
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